La Prevención de la Tortura en América Latina

Por: Nadia Noemí Franco Bazán

Nuestros países latinoamericanos han sufrido muchos cambios políticos en las últimas décadas, algunos de esos cambios han sido voluntarios y otros han traído consigo el uso de la fuerza. Las investigaciones criminales llevadas a cabo por entidades estatales y asociaciones internacionales han comprobados que algunos ciudadanos latinoamericanos fueron torturados durante los periodos de dictadura que sufrieron países como Argentina, Chile y Panamá.

Durante el régimen militar de Augusto Pinochet muchas personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Los métodos de tortura implicaban violencia física y abuso psicológico. Los detenidos que lograron sobrevivir cuentan que los mantenían con los ojos tapados, los obligaron a comer excremento y hasta eran sujetos a simulacros de fusilamiento. El Comité de Cooperación para la Paz en Chile recibió varias denuncias relativas a personas muertas a consecuencia de las torturas.

En Brasil la tortura y los malos tratos son prácticas corrientes en los Centros Penitenciarios, pero el Gobierno prometió tomar medidas al respecto y al parecer los resultados van a paso lento. La ONU ha enviado a sus expertos a visitar las prisiones en varias ocasiones para asegurarse que los cambios en el sistema se estén llevando a cabo.

La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) es de gran importancia para todos los países de América Latina que viven en democracia. No podemos permitir que aquellas personas cuyas ideas políticas difieran de la nuestra sean torturadas. Por otro lado, ha que evitar que las personas sujetas a investigaciones criminales sean maltratadas durante el arresto o el periodo de detención preventiva. Hoy en día el imputado puede reconocer su participación en un hecho punible sin ser torturado y el Juez deberé practicar todas las diligencias necesarias para que la garantías constitucionales del detenido sean respetadas.

Yo considero que a nuestra generación de latinoamericanos nos corresponde luchar por el respeto a los derechos humanos y mantenernos vigilante para evitar que la tortura sea practicada en nuestras prisiones o durante procesos de investigación penal.

Escrito en Dublín el 16 de diciembre de 2009 y dirigido a la Asociación para la prevención de la tortura (APT).

Cadena perpetua: ¿modernización o atraso?

Por: Nadia Noemí Franco Bazán*

Soñábamos con un Panamá que navegaba rumbo a la política de despenalización y nos despertamos con la terrible noticia de que hemos encallado en el atraso jurídico de la cadena perpetua.

Levamos más de tres años estudiando el problema de los presos sin condena, lo cual consideramos un asunto grave, y al ver la frase “cadena perpetua” encabezando los periódicos nacionales, nos hemos quedado de piedra.

¿Qué es la cadena perpetua? Es estar encadenado por tiempo indefinido. La hermana menor de la pena de muerte. Aquellos condenados así jamás volverán a gozar de la libertad ni podrán soñar con una vida normal. Es una muerte en vida, puesto que quien la cumple permanecerá el resto de sus días pudriéndose dentro de una celda. Y, es una negación de la rehabilitación y reinserción social.

El Código Penal, en su Art. 47, establece que la pena de prisión consiste en la privación temporal de libertad. ¿Resulta pertinente cambiar los lineamientos y permitir que esta pena pueda llegar a ser una privación perpetua? Si aceptamos que se reforme el Código Penal para agregar dicha figura, entonces en un abrir y cerrar de ojos tratarán de volver a insertar la pena de muerte.

La libertad es un derecho fundamental que protegen las Constituciones del mundo, incluyendo la nuestra. Entonces, por qué insistimos en coartarlo y legislar con miras a perderla.

Siempre nos quejamos de la insuficiencia de recursos económicos que tiene el sector penitenciario. Hay una población penal de 11,125 personas y resulta costoso mantenerla, ¿dónde saldrá el dinero para mantener un pabellón de presos perpetuos? Cuando se pretende cambiar una pena, también hay que tomar en cuenta si su puesta en práctica es o no rentable para la economía del país. Debemos cavilar sobre el tema y decidir si estamos en pro de la moderna despenalización o en vías del atraso jurídico. Los legisladores tiene la palabra, pues podrían llevarán en su conciencia esta medida absurda e inhumana.

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* La autora es penalista, investigadora jurídica y docente de la Universidad de Panamá.

Publicado en el Panamá América el martes 29 de julio de 2004.         

En busca de un mañana

                          Por: Nadia Noemí Franco Bazán*

Hace poco más de un mes tuvimos la oportunidad de conocer un proyecto educativo que está llevando a cabo el Ministerio de Educación. Se trata de la Oficina de Menores en la calle que tiene la función de brindar antención a niños, niñas y jóvenes "desescolarizados" que se encuentran en alto riesto social y circunstancias especiamente difíciles.

La Oficina de Menores de la calles trabaja a través de los centros educativos "En busca de un mañana", y cuentan con el apoyo técnico y cierto aporte económico de UNICEF y UNESCO. Tiene una población de más o menos 90 menores de los cuales 60 son niños y 30 son niñas. Las edades de estos menores oscilan entre 9 y 17 años de edad.

En nuestras visitas tuvimos la oportunidad de escuchar los comentarios de las coordinadoras y otras personas que allí laboran. El primer inconveniente que se les presenta es la falta de asistencia de los menores. Si estos niños, niñas y jóvenes en riesgo social no acuden al Centro, entonces los objetivos se cumplen a medias. Para controlar a asistencia de los menores se necesitan más trabajadores social dispuestos a hacer visitas domiciliarias, para tratar de convencer a los padres de la importancia de la educación. Las familias de estos menores consideran que el trabajo es valioso y la educación es una pérdida de tiempo.

Las profesoras nos contaron que hace falta un poco de coordinación con las demás entidades involucradas en el proyecto, ya que en ocasiones se dan problemas de comunicación. Dicen ellas que muchos niños que llegan referidos por el Órgano Judicial son casos muy difíciles que necesitan atención especial y seguimiento. "Los niños se pierden...", es la expresión que utilizó la licenciada Dionisia de Belén. Lo menores infractores deben ser tratados con mucha cautela y, por lo general, son muy escurridizos.

Como tercer inconveniente están los recursos limitados. Nos mostraron y observamos detenidamente que la mayoría de las aulas no tiene puertas. El salón de ludoterapia, para beneficio de los menores, no cuenta con el material necesario. La falta de puertas, por ejemplo, impide la instalación de aires acondicionados, estantes para libros, etc. El peligro de que el materia sea sustraído, es evidente. La falta de recursos dificulta la puesta en práctica de varios de los programas.

En ocasiones, el programa de alimentación no puede ser cumplido a cabalidad o sencillamente se logra con las uñas. La cocina del Centro está ubicada en el pasillo y la labor de la señora Serafina se hace engorrosa a la hora de preparar el almuerzo. La estufa es muy pequeña, las ollas enormes por la cantidad de personas y siempre está el peligro de que ocurra algún accidente. El área destinada para la cocina está totalmente deteriorada y por eso la estufa está instalada en el pasillo.

La licenciada Delmira de Mendoza nos explicó que muchos de los niños se sienten atraídos por el hecho de recibir un desayuno y almuerzo cada vez que asisten a clases, pero al parecer; los víveres no siempre alcanzan. El nuestra primera visita se nos explicó que el desayuno consistía de avena y de ser posible de algo más.

Cuando visitamos por segunda vez el Centro, pudimos ver a los menores tomando su taza de avena y una torrejas de maíz. Observamos que todos estaban pendientes de si había quedado más comida en las pailas.

Otra de las limitaciones es la falta de personal. En estos momentos, ciertos docentes, egresados de la Escuela Normal de Santiago, están brindando sus servicios en el Centro, pero lo cierto es que para tratar con menores en la calle, las educadoras deben recibir capacitación especial. El personal decente tiene que ser tolerante y aprender a controlar la ansiedad. Un dato curioso que recibimos durante nuestra conversación fue que casi todo el personal está formado por mujeres. "Aquí no viene hombres", me dijeron. Por lo visto, las profesoras son mucho más humanitarias y están siempre dispuestas a colaborar.

Cabe resaltar que, a pesar de los inconvenientes y limitaciones, han logrado graduar a tres promociones básicas. La primera fue de 4 alumnos, la segunda de 9 y la última de 22. El éxito de este proyecto está en manos del Ministerio de Educación y de todo nosotros los panameños con visión de futuro.

Es necesario dejar el egoísmo y ayudar a que proyectos como este salgan adelante. Todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, tiene derecho a recibir una educación.

* La autora es abogada y estudiante del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.

Publicado en La Prensa el domingo 14 de mayo de 2000.