La Prevención de la Tortura en América Latina

Por: Nadia Noemí Franco Bazán

Nuestros países latinoamericanos han sufrido muchos cambios políticos en las últimas décadas, algunos de esos cambios han sido voluntarios y otros han traído consigo el uso de la fuerza. Las investigaciones criminales llevadas a cabo por entidades estatales y asociaciones internacionales han comprobados que algunos ciudadanos latinoamericanos fueron torturados durante los periodos de dictadura que sufrieron países como Argentina, Chile y Panamá.

Durante el régimen militar de Augusto Pinochet muchas personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Los métodos de tortura implicaban violencia física y abuso psicológico. Los detenidos que lograron sobrevivir cuentan que los mantenían con los ojos tapados, los obligaron a comer excremento y hasta eran sujetos a simulacros de fusilamiento. El Comité de Cooperación para la Paz en Chile recibió varias denuncias relativas a personas muertas a consecuencia de las torturas.

En Brasil la tortura y los malos tratos son prácticas corrientes en los Centros Penitenciarios, pero el Gobierno prometió tomar medidas al respecto y al parecer los resultados van a paso lento. La ONU ha enviado a sus expertos a visitar las prisiones en varias ocasiones para asegurarse que los cambios en el sistema se estén llevando a cabo.

La ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) es de gran importancia para todos los países de América Latina que viven en democracia. No podemos permitir que aquellas personas cuyas ideas políticas difieran de la nuestra sean torturadas. Por otro lado, ha que evitar que las personas sujetas a investigaciones criminales sean maltratadas durante el arresto o el periodo de detención preventiva. Hoy en día el imputado puede reconocer su participación en un hecho punible sin ser torturado y el Juez deberé practicar todas las diligencias necesarias para que la garantías constitucionales del detenido sean respetadas.

Yo considero que a nuestra generación de latinoamericanos nos corresponde luchar por el respeto a los derechos humanos y mantenernos vigilante para evitar que la tortura sea practicada en nuestras prisiones o durante procesos de investigación penal.

Escrito en Dublín el 16 de diciembre de 2009 y dirigido a la Asociación para la prevención de la tortura (APT).

Cadena perpetua: ¿modernización o atraso?

Por: Nadia Noemí Franco Bazán*

Soñábamos con un Panamá que navegaba rumbo a la política de despenalización y nos despertamos con la terrible noticia de que hemos encallado en el atraso jurídico de la cadena perpetua.

Levamos más de tres años estudiando el problema de los presos sin condena, lo cual consideramos un asunto grave, y al ver la frase “cadena perpetua” encabezando los periódicos nacionales, nos hemos quedado de piedra.

¿Qué es la cadena perpetua? Es estar encadenado por tiempo indefinido. La hermana menor de la pena de muerte. Aquellos condenados así jamás volverán a gozar de la libertad ni podrán soñar con una vida normal. Es una muerte en vida, puesto que quien la cumple permanecerá el resto de sus días pudriéndose dentro de una celda. Y, es una negación de la rehabilitación y reinserción social.

El Código Penal, en su Art. 47, establece que la pena de prisión consiste en la privación temporal de libertad. ¿Resulta pertinente cambiar los lineamientos y permitir que esta pena pueda llegar a ser una privación perpetua? Si aceptamos que se reforme el Código Penal para agregar dicha figura, entonces en un abrir y cerrar de ojos tratarán de volver a insertar la pena de muerte.

La libertad es un derecho fundamental que protegen las Constituciones del mundo, incluyendo la nuestra. Entonces, por qué insistimos en coartarlo y legislar con miras a perderla.

Siempre nos quejamos de la insuficiencia de recursos económicos que tiene el sector penitenciario. Hay una población penal de 11,125 personas y resulta costoso mantenerla, ¿dónde saldrá el dinero para mantener un pabellón de presos perpetuos? Cuando se pretende cambiar una pena, también hay que tomar en cuenta si su puesta en práctica es o no rentable para la economía del país. Debemos cavilar sobre el tema y decidir si estamos en pro de la moderna despenalización o en vías del atraso jurídico. Los legisladores tiene la palabra, pues podrían llevarán en su conciencia esta medida absurda e inhumana.

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* La autora es penalista, investigadora jurídica y docente de la Universidad de Panamá.

Publicado en el Panamá América el martes 29 de julio de 2004.